En momentos en que el presidente Hugo Chávez recibe el más óptimo cuidado disponible para tratar el cáncer que padece, más de media docena de presos políticos venezolanos enfermos de gravedad yacen en las cárceles sin ningún tipo de asistencia médica, algunos de ellos sufriendo de la misma dolencia del mandatario.
Es una discordancia que ha comenzado a ser notada alrededor del mundo.
“Recientemente, recibí información sobre ocho prisioneros políticos en desesperada necesidad de recibir urgente atención médica, que está siendo negada por las autoridades venezolanas”, declaró Marco Rubio, senador por el estado de Florida, en una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton.
“Señora secretaria, nuestra nación no puede yacer inerte y hacerse de la vista gorda frente a gobiernos y hombres fuertes que tratan de perpetuarse indefinidamente en el poder cometiendo serias violaciones a los derechos humanos y encarcelando injustamente a sus ciudadanos”, añadió.
La falta de atención médica de los prisioneros políticos contrasta con el riguroso cuidado recibido por Chávez, quien cuenta con un equipo dedicado a atenderle y examinarle, monitoreándole a diario desde los niveles sanguíneos hasta la cantidad de agua que ingiere y la cantidad de líquido que orina.
Pero la situación es muy diferente con los prisioneros políticos, quienes han tenido un acceso sumamente limitado a los médicos y algunos de ellos corren el riesgo de morir en sus celdas de no ser tratados de inmediato.
Lázaro Forero, sentenciado a 30 años de cárcel, es uno de ellos. El ex comandante de la Policía Metropolitana sufre de cáncer de próstata en estado avanzado, además de otras dolencias que no están siendo tratadas y que incluyen insuficiencia renal, cataratas, alta presión ocular y posible glaucoma en ambos ojos.
Forero ha sido declarado como prisionero político por varias organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, las cuales alegan que su juicio estuvo cargado de vicios y que su verdadero delito fue defender de la acción de grupos pro-chavistas a pacíficos opositores que se manifestaban contra el gobierno.
Un caso similar es el de Alejandro Peña Esclusa. El forista y dirigente político de trayectoria internacional, quien fue arrestado bajo peculiares cargos de terrorismo, también padece de cáncer de próstata y hasta el momento las autoridades venezolanas no han permitido que sea tratado.
Su arresto ha despertado críticas de diversos sectores de la comunidad internacional. Esta semana, el Congreso de Chile, con una votación de 51 a favor y seis en contra, aprobó una resolución expresando su “profunda preocupación” por el arresto del intelectual venezolano, calificándolo de un atentado contra los derechos humanos.
Otra prisionera enferma es la jueza María Afiuni, quien permanece bajo arresto domiciliario en espera de ser sometida a juicio. Su caso es considerado como una manifestación emblemática de la falta de independencia de los poderes en Venezuela, luego de que Chávez ordenará públicamente que fuera arrestada y sentenciada por una decisión que había tomado a favor de un banquero venezolano que había caído en desgracia con el gobierno.
Afiuni sufre de problemas urinarios que requieren de inmediata atención médica. Recibió cirugía de emergencia en diciembre después de presentar serias complicaciones por la falta de atención.
La lista de prisioneros políticos con problemas de salud incluye a Arube Pérez, quien padeció de un accidente cardiovascular y dos subsiguientes infartos; Iván Simonovis, quien requiere de una resonancia magnética debido a lesiones en su espalda; y José Sánchez “Mazuco”, quien necesita de terapia de rehabilitación debido a sus dolores de espalda y sufre además de alta tensión y gastritis.
Asimismo, los prisioneros políticos Erasmus Bolívar y Henry Vivas también requieren de atención médica. El primero debido a un desprendimiento de la retina y problemas en su rodilla; y el segundo por gastritis, tensión ocular y fuertes dolores en un hombro.
En otra carta dirigida a Clinton, la influyente presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, instó al Departamento de Estado a que actúe a favor de los prisioneros políticos.
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