El gobierno de Hugo Chávez otorgó a una compañía cubana un contrato de $170 millones para suministrar material a ser usado en el sistema de identificación de Venezuela, en una curiosa operación que está generando fuertes críticas entre los partidos de oposición del país sudamericano.
“Este contrato se ha convertido en un ‘mega guiso’ [mega negocio fraudulento]”, dijo el diputado Abelardo Díaz, del partido social cristiano Copei. “Se trata de la cedulación más cara del mundo”.
Los partidos de la oposición, agrupadas bajo la Mesa de la Unidad (MUD) también expresaron preocupación de que el contrato haya sido otorgado a una empresa cubana (Albet), considerando que se trata de un manejo “antipatriótico e irresponsable” que podría poner en riesgo la seguridad y la privacidad de los venezolanos.
El sistema empleado para otorgar cédulas (el principal documento de identificación de los venezolanos) está “dejando de ser nacional porque ha sido entregado al gobierno cubano”, dijo la MUD a través de un comunicado.
Albet es una fachada del régimen de La Habana, dijo Díaz.
La empresa tiene sólo 10 empleados en su nómina y carece de la capacidad tecnológica para elaborar las cédulas electrónicas. Para la tarea, la empresa subcontrató a la compañía mexicana-holandesa Gemalto, que se comprometió a elaborar el 95 por ciento del pedido, dijo el diputado.
Por ese pedido, Albet le pagó a Gemalto cerca de $40.5 millones, añadió el diputado.
Pero el opositor mostró aún una mayor alarma ante el hecho de que el proceso de cedulación haya caído en manos de una empresa extranjera, señalando que eso permitirá al régimen de La Habana no sólo hacer cambios y modificaciones dentro de la red, sino también “entregar documentos de identificación venezolana a ciudadanos cubanos y de otros países”.
“Exigimos a Hugo Chávez y al Gobierno que no se nos robe la identidad de los venezolanos, que se respete la identidad que tenemos. Para ello, vamos a exigir que el manejo de esa data sea redimensionado en el contrato, para exigir que sea manejado exclusivamente por técnicos venezolanos”, declaró.
“Vamos a solicitar la nulidad de ese contrato, conscientes y a sabiendas de que aquí no hay instituciones públicas autónomas que puedan procesar estas denuncias, pero también contestes y claros de que estos delitos de corrupción no prescriben y que más temprano que tarde todas estas cosas tendrán sus sanciones respectivas”, añadió.
Según informes de prensa, el contrato le otorga a la empresa cubana libre acceso a la base de datos de los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos.
El contrato habría sido otorgado secretamente sin que se realizara un proceso abierto a la participación de técnicos venezolanos, reportó el diario El Nacional, citando documentos al que tuvo acceso.
Representantes de la comunidad venezolana en Miami mostraron el viernes preocupación ante la noticia, diciendo que se trata de una clara violación de los derechos de los venezolanos.
“Es una violación total de nuestra soberanía nacional”, dijo José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX). “El que los documentos de los venezolanos estén en manos de un país extranjero, y en particular en manos de Cuba, atenta contra la seguridad y defensa de la nación”.
La situación también se presta para otros oscuros manejos, dijo.
“Esto también podría ser usado para otorgar documentos venezolanos a ciudadanos de otros países, y en particular a cubanos e incluso a integrantes del terrorismo internacional”, señaló.
Cuba, Irán, Sudán y Siria conforman la lista de naciones que auspician el terrorismo. Venezuela, que bajo el gobierno de Chávez a forjado estrechos vínculos con las primeras dos, fue nombrada recientemente por un documento del Departamento de Estado como un país tolerante de este tipo de actividades.
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