Thursday, December 9, 2010

Acelerando su proyecto totalitario para acabar con la patria.


Foto: AVN

La Asamblea Nacional venezolana inició el jueves el debate de un paquete de leyes que convertirá al país petrolero en un Estado comunal, con lo que se sientan las bases del “socialismo bolivariano” impulsado por el presidente Hugo Chávez.

Las leyes del Poder Popular constituyen el mayor paso en años en la transición hacia el socialismo debido a que traspasan el poder de autoridades electas a organizaciones comunales atadas al presidente, y serán aprobadas días antes de que Chávez pierda el control absoluto que tiene en la Asamblea desde el 2005.

Además, el nuevo marco legal estimula la llamada propiedad social, el trueque, ordenar la planificación central y la supervisión de las comunidades sobre las empresas.

La iniciativa chocará con la consumista sociedad venezolana, profundamente identificada con el modelo estadounidense debido a la bonanza que le dieron al país sus inmensos recursos petroleros.

Críticos aseguran que el proyecto diluye el poder que dan los votantes a gobernadores y alcaldes para otorgarlo a organizaciones no estructuradas que dependen del Ejecutivo para constituirse, funcionar y obtener dinero.

Pero el Gobierno afirma que el nuevo modelo “empodera” al pueblo y le permite atender sus problemas directamente.

Chávez abrazó el socialismo años atrás y desde el 2007 ha nacionalizado enormes proyectos petroleros, la mayor empresa de telecomunicaciones, industrias eléctricas, cementeras, siderúrgicas, procesadoras de alimentos y comercios.

En el 2009 logró que se aprobara una reforma a la Constitución que le permite postularse ilimitadamente a la presidencia, pero este año fracasó en su meta de conquistar los dos tercios de la Asamblea que se necesitan para aprobar las leyes de mayor alcance, llamadas orgánicas.

Mientras gran parte del país permanece en emergencia por constantes lluvias que han dejado más de 100.000 personas damnificadas, la Asamblea se declaró en sesión permanente desde el martes para aprobar cinco leyes orgánicas que reglamentan el Poder Popular y renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Legislativo designó ese día nueve magistrados del TSJ y 32 suplentes para los próximos 12 años, en un movimiento denunciado por sus adversarios como un intento de conservar el control del Poder Judicial.

Vía Reuters


Via: Noticias24

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