Washington, 30 mar (EFE).- Cuatro mujeres que describieron a sus esposos como presos políticos en Venezuela denunciaron hoy la caducidad de los recursos judiciales en su país y el supuesto hostigamiento que sufren de partidarios del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
En una conferencia en el Club Nacional de la Prensa Tahianny Pisani Romero, esposa del general de Ejército, Delfín Parra, dijo que el oficial fue detenido y acusado de corrupción después que denunció colisión de intereses de allegados de Chávez en la operación de un ingenio azucarero.
“Somos un grupo de esposas, de mujeres sin otro recurso ante un sistema judicial secuestrado por el régimen”, añadió Pisani.
“En Venezuela se parte de la presunción de culpabilidad”, dijo por su parte el abogado José Luis Tamayo, que acompañó a las denunciantes y añadió que en su país actualmente “a las personas se las juzga en prisión, y en especial si son presos políticos”.
El grupo de mujeres presentó ayer los casos de sus esposos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reclamó que esta institución reconozca la existencia y el estatus de presos políticos en Venezuela.
Indira Ramírez, esposa del político opositor Alejandro Peña Esclusa, encarcelado bajo cargos de posesión ilegal de armas, describió la situación en que viven ella y sus hijos sometidos a las amenazas de allegados al régimen y las acusaciones públicas que proclama el mismo presidente Chávez.
Jackelin Sandoval, la esposa del oficial de policía Rolando Guevara, acusado por el homicidio de un fiscal federal, sostuvo que su marido y otros 26 ciudadanos “no deben estar presos porque son todos inocentes”.
“El Estado ha creado una situación de impunidad en todos estos casos”,según Sandoval, y en Venezuela “no hay juez que se atreva a desafiar los deseos del Poder Ejecutivo”.
Yajaira Castro, la esposa del policía Lázaro Forero condenado a 30 años de prisión por su supuesta responsabilidad en la muerte de manifestantes en abril de 2002, señaló que su marido y los otros hombres “han sido sometidos a juicios en los cuales no se tomó en cuenta alguna de las pruebas exculpatorias ya que los jueces solo consideraron pruebas ilegales y testimonios falsos”.
Ayer, en respuesta a las peticiones de estas cuatro mujeres, el representante del Gobierno de Venezuela para Derechos Humanos, Germán Saltrón, dijo que la CIDH “está desempolvando casos que ya se han tratado y, mientras se suceden las violaciones de derechos humanos en América Latina, pierde el tiempo con temas antiguos”.
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