Las esposas de los perseguidos políticos denunciarán al Estado venezolano el 29 de marzo. Jackeline Sandoval, Yajaira Castro, Indira de Peña y Tahianny de Gómez afirman que no hay jueces independientes que detengan las arbitrariedades del oficialismo.
Yajaira Castro de Forero, esposa del comisario de la PM Lázaro Forero | Manuel Sardá
Cuando el presidente Hugo Chávez mandó a apresar al ex alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, los abogados defensores pidieron amparo al Tribunal Supremo de Justicia. Aunque el máximo tribunal negó la tutela, hizo una aclaratoria que, en teoría, es de Perogrullo: el Presidente no está facultado para ordenar la prisión de nadie. Sin embargo, en la práctica, las sentencias anticipadas del jefe del Estado han llevado a la cárcel a muchos disidentes del Gobierno.
“Porque no hay fiscales y jueces independientes y ninguno se atreve a contrariar el oficialismo”, afirma Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, uno de los tres condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Sandoval, así como Indira de Peña, esposa de Alejandro Peña Esclusa; Yajaira Castro, esposa del comisario de la Policía Metropolitana Lázaro Forero, y Tahianny de Gómez, esposa del general del Ejército Delfín Gómez, comparecerán el 29 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación de “los alegados presos políticos venezolanos”, según la denominación oficial de la audiencia, que será en la sede del organismo internacional en Washington.
“Quién mejor que nosotras, que hemos sufrido las detenciones arbitrarias de nuestros esposos y las irregularidades en los procesos penales en su contra para explicar ante la CIDH el padecimiento de 166 familias venezolanas, desequilibradas por el uso de la Fiscalía y los tribunales como armas políticas”, indica Sandoval en referencia al total de casos.
La esposa de Rolando Guevara fue fiscal del Ministerio Público y ahora dirige una organización no gubernamental en defensa del debido proceso. Razona que a pesar de las posiciones divergentes sobre la denominación presos políticos existe un patrón común: identificación de los afectados como adversarios y complacencia de fiscales y jueces.
Yajaira Forero destaca: “Todos los presos políticos han sido acusados por delitos comunes, que constituyen la excusa para pasar facturas por razones políticas. Cualquiera pudiera terminar siendo un preso del presidente Chávez. En el caso del 11 de abril quedó claro que el objetivo del oficialismo era encarcelar al ex alcalde Alfredo Peña o en su defecto a las autoridades policiales del área metropolitana de Caracas”.
Indira R. de Peña-Esclusa
Indira de Peña considera que el caso de su esposo contribuyó a develar la estrategia del Gobierno para aniquilar la disidencia: “Chávez se graduó de dictador con el caso de Alejandro. Hasta el momento de su detención había dudas sobre las motivaciones políticas de ese tipo de detenciones, pero el asunto se resume a la siembra de una porción de C-4 en la residencia del primero que se atrevió a denunciar a Chávez por traición a la patria y ha refutado el socialismo del siglo XXI en muchos escenarios nacionales y extranjeros. Tal circunstancia lo califica como preso de conciencia.
Y es que para acabar con los enemigos de la revolución, el Gobierno necesita inventar expedientes”.
La persecución política también habría servido para ocultar la corrupción. Tahianny de Gómez recordó que el proceso penal contra su esposo se debió a sus denuncias de desviación de recursos inicialmente destinados a la construcción del central azucarero Ezequiel Zamora al Comando Maisanta.
“En el Aló, Presidente 244, del 25 de enero de 2006, Chávez dijo que quería fusilar al general Delfín Gómez. La causa: oponerse a la corrupción”.
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