MIAMI (AP) - Oliver Gaviria se sentía aterrado. Dos hombres uniformados de negro que se desplazaban en motocicletas interceptaron su automóvil en una carretera de Caracas y lo obligaron a bajarse. Le colocaron una pistola en la sien y lo amenazaron de muerte.
Tras ese incidente, pasó a engrosar la lista de miles de venezolanos que han solicitado asilo político en Estados Unidos en la última década.
“Me dijeron que sabían que estaba en contra del régimen y que era un traidor a la patria y que por lo tanto iba a pagar con mi vida. Que si no me iba del país iban a matar a mi hermana”, relató Gaviria, que trabajaba organizando fiestas para funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, al recordar el episodio que vivió aquella del 21 de agosto del 2007.
Gaviria se escondió en el departamento de un amigo, “aterrorizado de salir”, creyendo que “todo el mundo” lo perseguía. Tres semanas después, llegó a Miami, convencido de que si se quedaba en Venezuela podrían matarlo a él y a su familia.
Resulta difícil calcular el número de solicitudes tramitadas por el servicio de inmigración, ya que hay dos categorías y a veces un caso es ventilado en ambas esferas. Hay solicitudes “afirmativas”, que realiza una persona o familia al llegar a Estados Unidos, y otras “defensivas”, en las que intervienen jueces de inmigración y que abarcan casos que no fueron resueltos en la otra instancia o de personas que están por ser deportadas.
Cifras oficiales, no obstante, indican que entre el 2000 y el 2010 se aprobaron al menos 4.500 solicitudes de asilo de venezolanos. La cifra de asilados podría ser superior ya que una solicitud puede involucrar a varias personas, incluidas familias enteras.
Por otra parte, muchos venezolanos que arriban a este país alegando persecución, tratan de conseguir visas que les permitan permanecer legalmente en Estados Unidos sin pedir asilo.
La AP intentó hablar con funcionarios venezolanos, pero la embajada de Venezuela en Estados Unidos no accedió a las solicitudes de entrevista para esta nota.
Chávez ha negado en numerosas oportunidades que exista una persecución a sus opositores. Alega que los derechos humanos son respetados completamente en su país, y que algunos opositores del gobierno han enfrentado acusaciones judiciales porque han cometido delitos.
Chris Rathigan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, expresó a la AP que no podía ofrecer detalles sobre los asilos concedidos y negados.
“Para cada país es diferente y cada caso es resuelto de manera diferente. Vemos caso por caso”, expresó Rathigan en una reciente entrevista telefónica con la AP.
Para solicitar asilo, una persona debe fundamentar que ha sido perseguida o que teme ser perseguida en el futuro debido a su raza, religión, nacionalidad, porque pertenece a algún grupo social específico o por sus opiniones políticas, de acuerdo con las normativas vigentes en Estados Unidos.
Entre el 2000 y el 2010 las autoridades de inmigración procesaron cerca de 6.800 solicitudes “afirmativas” de venezolanos, aprobaron el 45% (unas 3.000) y negaron cerca del 5% (poco más de 300). El 50% restante de los casos fue cerrado, quedó pendiente de resolución o fue referido a los jueces de inmigración, de acuerdo con estadísticas suministradas a la AP por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La cifra es un 152% más que en la década anterior, y entre los latinoamericanos sólo es superada por la de los colombianos, según la información del DHS.
Las autoridades de inmigración recibieron unas 31.000 solicitudes “afirmativas” de colombianos entre el 2000 y el 2010.
Sin embargo, el porcentaje de los asilos aprobados y negados es levemente inferior que el de los venezolanos: un 44% y un 3%, respectivamente.
Entre el 2000 y el 2010, por otra parte, los tribunales de inmigración recibieron cerca de 7.500 pedidos de asilo “defensivos” de venezolanos, 15 veces más que los 500 recibidos en la década anterior, aunque lejos de los cerca de 39.000 procedimientos de asilo defensivo de colombianos.
Los jueces de inmigración aprobaron el 21% de esos asilos venezolanos, pero negaron el 37,5%. El restante 41,5% de los casos fue abandonado o retirado, según las estadísticas suministradas a la AP por el Departamento de Justicia.
Los porcentajes son similares para los colombianos: 22% concedido, 36% negado y 42% de los procesos abandonados o retirados.
Los que han pedido asilo en Estados Unidos son una pequeña parte de la comunidad venezolana que ha llegado a este país.
En su conjunto, la comunidad venezolana en Estados Unidos ha crecido un 135% en la última década, de 91.000 personas en el año 2000 a 215.000 en el 2010, de acuerdo con estadísticas suministradas por la oficina del censo.
En la Florida, los venezolanos se han asentado principalmente en áreas del suroeste del estado como las ciudades de Doral -conocida también como la “Pequeña Venezuela”-, Pembroke Pines, y Weston; y al sudeste, en Aventura.
La presencia venezolana es notoria en estas ciudades y cualquier visitante puede advertirla: desde el acento y expresiones típicas de su habla, con expresiones como “chévere” (muy bueno), hasta las panaderías que ofrecen pan de jamón, y cafés y restaurantes que venden los típicos tequeños de queso frito, arepas de harina de maíz, hallacas cubiertas con hojas de plátano y empanadas de carne venezolanas.
En su mayoría, son familias de jóvenes profesionales o empresarios.
Gaviria, quien tiene 40 años y obtuvo el asilo político, asegura que sintió “miedo, impotencia, vergüenza y humillación” después que los dos uniformados lo obligaron a detenerse y bajarse del vehículo mientras conducía por una carretera de Caracas.
Antes de ser amenazado a punta de pistola había recibido numerosos llamados telefónicos en los que una voz anónima le decía: “has sido marcado como objetivo militar, estás en contra del gobierno”, y lo amenazaba con que “iba a pagar por traicionarlos”, dijo a la AP.
El ex gerente de eventos de una empresa que organizaba fiestas para el gobierno cree que la presunta persecución política comenzó cuando las autoridades descubrieron que él era la fuente anónima del periodista de espectáculos Roland Carreño, que revelaba detalles sobre los festejos y criticaba a los funcionarios.
Nunca pensó, sin embargo, que terminaría amenazado y fuera de su país, recibiendo pacientes en un centro médico de Miami.
Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas y experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), explicó a la AP que en parte la persecución política que aducen los venezolanos se debe a que el gobierno de Chávez ha “judicializado la política”.
“Se utiliza el poder judicial para legitimar un cargo político y de esa manera silenciar y excluir a potenciales oponentes del gobierno”, expresó Gamarra.
“El régimen … te acusa de cualquier cosa escondiendo una motivación política”, dijo.
Esto es lo que el ex teniente de la Guardia Nacional de Venezuela José Colina alegó que le sucedió cuando fue acusado junto a otros colegas de bombardear las embajadas de España y Colombia en Caracas, en el 2003.
Tras ser amenazado de muerte salió de Venezuela, primero a Colombia y luego a Estados Unidos. En Miami fundó la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, para ayudar a compatriotas que llegan a este país.
“La gente tiene temor a estar indefensa, y como no ve posibilidades de un cambio a corto plazo decide irse” de Venezuela, explicó Colina en una entrevista con la AP.
“Son víctimas de secuestros, de acosos … es una forma de persecución”, manifestó Colina, quien al llegar a Miami solicitó asilo político y como tenía pedido de captura internacional permaneció dos años detenido antes de que las autoridades revisaran su caso y lo liberaran.
Colina, que a los 37 años trabaja en una fábrica de tequeños y empanadas venezolanas del sur de la Florida, formó parte de un grupo de 130 militares de la guardia nacional venezolana que se declaró en desobediencia en el 2002 en la plaza Altamira de Caracas.
Los militares denunciaron la presencia de guerrilleros colombianos en su país y de “elementos cubanos” en las fuerzas armadas.
Recorrieron después la nación sudamericana en busca de que la población “se rebelara en contra del gobierno” de Chávez, recordó Colina. El gobierno los acusó de haber hecho estallar las embajadas de España y Colombia, y pidió su captura.
“Había recompensas sobre nuestra cabeza, se le había dado instrucciones a los organismos de seguridad del estado de eliminarnos físicamente, habíamos sido acusados de terroristas y de ser individuos violentos”, explicó Colina en la entrevista realizada en un restaurante venezolano donde la gente se paraba a saludarlo.
Colina, que arribó al aeropuerto de Miami en diciembre del 2003, rechazó todas las acusaciones que enfrenta en Venezuela.
También Juan Fernández, un ex gerente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que denunció públicamente que el gobierno de Chávez financiaba a Cuba a través de Pdvsa y utilizaba a la petrolera con fines políticos, asegura que las autoridades lo acusaron de delitos que nunca cometió.
Fernández es un abierto opositor a la política de Chávez.
En Caracas le advirtieron a punta de pistola que no se “metiera con el gobierno”, lo acusaron de rebelión y de instigación a delinquir, vigilaban su casa y reclamaban su captura, expresó en una entrevista con la AP.
Estuvo escondido más de un mes en la capital y en el interior de Venezuela, pero como temía por su vida decidió irse de su país temporalmente en el 2004, con la esperanza de un pronto cambio de gobierno que le permitiera regresar.
Han pasado más de seis años y Fernández, que a sus 55 años trabaja como consultor económico independiente, aún no ha vuelto.
“Sientes una angustia general porque no puedes regresar a tu casa, y sobre todo cuando te sientes perseguido”, expresó Fernández en Miami, donde reside desde el 2008 con una visa de habilidades especiales, tras vivir en España, Alemania y Curazao.
Con cierta resignación y tristeza, afirmó: “Estoy negado a ir a mi casa, a ver a mi familia, a mis amigos, y a enfrentarme al poder de Chávez”. Dijo que sería detenido si viajara a Venezuela.
Por GISELA SALOMON
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