Los trabajadores de la televisora Globovisión coinciden en que las recientes acciones judiciales contra sus directivos tienen un sólo fin, acabar con este canal, el más crítico de Venezuela, y pese a la incertidumbre por su futuro dicen estar dispuestos a resistir “hasta el final”.
El último episodio de una larga serie de conflictos entre el gobierno de Hugo Chávez y Globovisión arrancó hace dos semanas, cuando un tribunal de Caracas dictó una orden de aprehensión contra el presidente de la estación, Guillermo Zuloaga, y uno de sus hijos.
La decisión judicial se refiere a un caso de presunta “usura” por el que el empresario fue imputado en 2009.
“La orden de captura contra Zuloaga y su hijo ha sido algo muy duro para la familia de Globovisión”, declaró María Fernanda Flores, una de las directoras de este canal en el que trabajan unas 450 personas, a la AFP.
“Estamos firmes, convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer por Venezuela (…) Globovisión es la última ventana que le queda a la democracia”, agregó.
Directivos y trabajadores de Globovisión temen que el objetivo final del gobierno sea cerrarla y que se repita el caso de RCTV. Este canal salió del aire en señal abierta tras el cese de su concesión en 2007, en medio de masivas protestas ciudadanas, y pasó al cable, desde donde también dejó de transmitir para Venezuela hace unos meses.
“La situación es bastante tensa. Estamos todos bajo una gran zozobra porque no sabemos lo que puede ocurrir“, comentó Carolina Alcalde, periodista de Globovisión, a la AFP.
“Hay muchísima incertidumbre“, agregó por su parte la reportera Beatriz Adrián. “Desde hace tiempo hay tantas amenazas sobre el canal, aunque ésta es una de las más fuertes porque va directo a la cabeza de nuestra empresa”, comentó.
Zuloaga, que permanece prófugo junto a su hijo, declaró telefónicamente a Globovisión en estos días que no se entregará a la justicia porque considera que tanto él como el canal son víctimas de “la injusticia y persecución del gobierno de Chávez”.
Globovisión ha sido amenazada de cierre a menudo y tiene abiertas varias causas administrativas por razones diversas, como presuntas evasiones fiscales o difamación.
Zuloaga, de 67 años, también es objeto de varias causas judiciales y tenía prohibición de salir del país debido a que en marzo fue acusado de divulgar información falsa y ofender a Chávez por declarar que era responsable de la muerte de venezolanos durante el fallido golpe de Estado en su contra de 2002.
“El temor que tengo es hacia el futuro del país“, opinó Carolina Alcalde. “Porque si cierran Globovisión, se acaba la ventana que tienen los ciudadanos para poder conocer lo que realmente se vive en Venezuela”, añadió.
Otro de los importantes accionistas de la estación, Nelson Mezerhane, también enfrenta procesos judiciales después de la reciente intervención del banco que preside.
Chávez, que apodó “Globoterror” a la televisora, la acusa de ser un medio al servicio de la oposición, de ser “terrorista mediático” y de haber apoyado el golpe de Estado en su contra en abril de 2002.
La orden de captura contra Zuloaga generó una ola de críticas dentro y fuera de Venezuela y suscitó interrogantes sobre la efectiva separación de poderes.
Estados Unidos dijo estar “seriamente preocupado” por esta decisión judicial, que se produjo días después de que Chávez declarara que no entendía por qué Zuloaga seguía en libertad.
Pero Chávez desestima las críticas y asegura que se trata de una decisión estrictamente judicial sin relación con la línea editorial de Globovisión.
“Apenas se libra una orden de captura contra un burgués, saltan y dicen que esa es la tiranía de Chávez”, criticó. “Lo están acusando a este señor, que anda huyendo, de acaparamiento, usura y robo. Él tiene que demostrar lo contrario”, concluyó.
Por: Natalia Ramos
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