Miami, 20 de Enero 2012
MANIFIESTO de la Federación de Organizaciones de Venezolanos en el Exterior, FOVEX.
1.- EXIGIMOS la inmediata reapertura de los Servicios Consulares regularmente prestados por la República Bolivariana de Venezuela en la Ciudad de Miami, Estados Unidos de América, cerrados por orden del “comandante presidente” el pasado viernes 14 de Enero 2012.
2.- INFORMAMOS al “comandante presidente” de la República Bolivariana de Venezuela que si la Cónsul en Miami fue expulsada por imputaciones de delitos contra la seguridad de los Estados Unidos de América, es ella solamente responsable de sus posibles delitos, y que su responsabilidad personal sobre lo que se la imputa no puede ser motivo para actuar en contra del derecho de todos los Venezolanos para recibir los mismos Servicios Consulares que rutinariamente y sin interrupciones se han venido prestando por la República Bolivariana de Venezuela a sus ciudadanos residentes dentro del territorio consular atendido por el consulado en Miami.
3.- DENUNCIAMOS al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela por los delitos que ha cometido en contra de los derechos nacionales e internacionales de los Exiliados Venezolanos residentes en Miami, al acusarlos ante los medios de comunicaciones tratando de confundir a la opinión pública de ser responsables por los aparentes delitos personales imputados a la Cónsul de Venezuela en Miami, responsabilizándolos públicamente por la expulsión de la Cónsul argumentando que dicha expulsión se debió a las múltiples denuncias formuladas por los Exiliados.
Hay que preguntarles al Canciller y a sus asesores sobre quien es el culpable, si quien comete el delito, o quien lo denuncia.
4.- Dimensiones de la agresión.
FOVEX quiere precisar que el cierre del Consulado de Venezuela en Miami, lejos de ser una reacción contra una decisión del gobierno de Estados Unidos, es, esencialmente, una agresión contra la colectividad venezolana residente en este territorio.
El hecho notable de que, por primera vez en nuestra historia republicana, una proporción nada despreciable de la población venezolana haya decidido emigrar, es evidencia de que existe un estado de cosas en el país, que impide la convivencia democrática y civilizada a cientos de miles de compatriotas, que han tratado de encontrar libertad, seguridad, educación, salud y buenos servicios públicos, fuera de su país, donde se les niegan de manera sistemática y deliberada.
Ahora el mismo gobierno autocrático que ha sido victimario de los venezolanos, quiere extender sus ofensas al exterior y, para ello, recurre a cerrar un consulado que recibe diariamente a más de 400 personas, que realizan, de acuerdo con cifras suministradas en el mismo, cerca de 3.000 actuaciones.
El consulado emite entre 60 y 100 pasaportes diarios, un número superior de Fe de Vida, registra poderes, inscribe niños, otorga prórrogas de pasaportes, registra a venezolanos en el Registro Electoral y, además visa centenares de facturas comerciales destinadas a CADIVI, también registra la partida de naves y aeronaves. Por su actividad es el más importante de cuantos consulados tiene la república y atiende a una población de cerca de 200 mil venezolanos, repartidos entre Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.
La actividad comercial existente entre Florida y Venezuela ha convertido a nuestro país en el segundo socio comercial del estado y genera un considerable número de empleados en centenares de empresas que se dedican a atender las necesidades de quienes dependen del flujo de mercaderías y servicios entre ambos países.
Por todas estas razones es particularmente punitiva la acción del gobierno, porque condena a los venezolanos, tanto a los que residen en Miami y su área de influencia, como a los que viven en territorio nacional, a sufrir graves daños económicos, además de negarles sus derechos civiles más relevantes, como es el caso del derecho al voto.
En efecto, tanto el Registro Electoral como el acto comicial deben realizarse en la sede consular, o en sitios especialmente designados y controlados por el Cónsul, quien, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es el representante del CNE, al no existir tal dependencia, no podrá funcionar ninguno de estos procesos, con lo cual se frustra la voluntad y se coarta el derecho de una comunidad que nunca ha ocultado su profundo y definitivo rechazo al régimen venezolano.
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