Ya empezo la Violencia.

Actividad de campaña de opositores en el centro de Caracas culminó con bombas lacrimógenas

HERRAMIENTAS

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Foto: Juan Carlos Neira

Este miércoles trascendió que una actividad de los candidatos de la Mesa de Unidad a la Asamblea Nacional, llevada a cabo en el centro de Caracas, como parte del inicio de campaña electoral culminó con bombas lacrimógenas.

En el acto participaban Pablo Medina, Richard Blanco, Antonio Ecarri, Stalin González y también Iván Olivares.

El aspirante a diputado, Stalin González señaló que todos los candidatos de Caracas iban a realizar una actividad frente a la Asamblea, esto como parte del inicio de campaña y fueron recibidos por la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas, “el CNE tiene que rectificar y corregir los errores que están pasando (…) la GN no puede entorpecer el trabajo de la unidad”.

Video: Globovisión 25 de agosto de 2010

González agregó que a pesar de las bombas van a seguir en campaña “para conseguir el voto de los caraqueños, de los venezolanos”.

“Nosotros íbamos caminando hacia la Asamblea, íbamos a leer un documento y sin mediar palabras la Guardia Nacional comenzó a lanzar bombas lacrimógenas (…) contra las bombas vamos con votos este 26 de septiembre, vamos a ser mayoría con votos y diputados”.

Igualmente, Antonio Ecarri, candidato a diputado por Caracas, agregó que quiso presentar ante el ente legislativo “Cien propuestas para solucionar los problemas del país”, pero fueron agredidos por estos grupos violentos.

El candidato por la circunscripción 1 del Distrito Capital, Pablo Medina exhortó al Consejo Nacional Electoral para que pongan orden en el marco de la campaña electoral, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional para que aplique los mecanismos que permitan la existencia de un clima de paz necesario en los comicios legislativos del próximo mes.

Tras estos sucesos, los accesos de la estación de Metro que comunican con la avenida Baralt fueron cerrados, y algunos usuarios reportaron que el gas lacrimógeno llegó hasta los pasillos del subterráneo.

Foto: Juan Carlos Neira

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Foto: Juan Carlos Neira

Foto: CaribeFocus

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Foto: CaribeFocus

Puede ver más de 20 imágenes con detalles de lo sucedido a continuación:

Fotos: Juan Carlos Neira

“Este es definitivamente un régimen que avanza hacia el comunismo”

Foto: Archivo

El coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges reiteró que el presidente sí es marxista y comunista y que avanza a toda máquina con su proyecto totalitario tratando de llevar al país hacía esa vía.

“Sorprenden las declaraciones del presidente de la república del día de hoy, luego de haberse declarado Marxista a principios de año, el Presidente de la República instruyó a los candidatos del PSUV a la próxima Asamblea Nacional a leerse el Manifiesto Comunista”, dijo.

De igual forma advirtió que “viene la Ley de Comunas, aprobada a toda carrera por la Asamblea Nacional que decreta la asfixia de las gobernaciones, alcaldías y Consejos Legislativos para instaurar la figura de los vicepresidentes regionales y las comunas al mejor estilo cubano, creando así un traje a la medida para que el oficialismo continúe con sus desmanes administrativos trabajando para un proyecto político de espaldas al pueblo”.

Para Borges “si las políticas del presidente son comunistas y sus asesores son comunistas, este es definitivamente un régimen que avanza hacia el comunismo”.

Aseveró el líder de la tolda amarilla que hay un camino mejor. “Un camino de progreso y desarrollo para el país, con respeto y diálogo con el sector privado. Justicia es generar empleo y oportunidades para todos los venezolanos”.

“Para contrarrestar el comunismo – marxismo y rescatar la democracia en el país es necesario votar masivamente este 26 de septiembre y colocar la Asamblea Nacional, que está secuestrada actualmente al servicio del país, para que legisle para la gente e instaure instrumentos como la Ley del primer empleo, Ley Candado (para controlar la regaladera del dinero de los venezolanos en el exterior) y la Ley Desarme entre otras”, enfatizó.

Vía Nota de prensa

5 DE JULIO - RUEDA DE PRENSA

INVITACION

RUEDA DE PRENSA PARA EL LUNES 5 DE JULIO

El próximo lunes 5 de Julio un grupo de venezolanos viajan a Miami para denunciar ante la comunidad internacional las constantes agresiones y persecuciones y violaciones Constitucionales del gobierno de Hugo Chávez en contra de sectores de oposición.

Se prevé que el grupo sea integrado por el Teniente Coronel Fuerza Aérea Venezuela (Ret) Iván Ballesteros, quien hará importantes revelaciones de las inhabilitaciones que hace el Contralor General Clodosvaldo Russian, a líderes opositores, y tácticas de ventajismo hacia el sector oficial que viene haciendo el Poder Electoral.

Otro miembro de la comisión, es Nelson Afiuni, hermano de la Juez María Lourdes Afiuni Mora, para exponer el sin fin de irregularidades que viene cometiendo la Fiscalía y el Poder Judicial en el juicio de su hermana que la mantiene por seis meses tras las rejas sin un debido proceso.

La tercera vocera será, la abogada y defensora de los Comisarios, Theresly Malave, quien ha venido advirtiendo como el gobierno venezolano viene utilizando el Poder Judicial para crear expedientes en contra de críticos de Hugo Chávez y silenciarlos en prisión.

La conferencia de prensa se llevará a cabo el próximo lunes 5 de julio a la 1:00 p.m., en el “Hotel Hampton Inn” de la Ciudad de El Doral, ubicado en el 3620 NW 79th Ave. y contara con la presencia de exiliados y perseguidos políticos de Cuba y Venezuela, entre ellos el empresario venezolano Eligio Cedeño.

La Conferencia es organizada por FUNDAPREFC y patrocinada por “VEPPEX”, organización dirigida por el Teniente Guardia Nacional Venezuela (Ret) Jose Antonio Colina Pulido y por “Venezuela Awareness Fundation” dirigida por la abogada Patricia Andrade. Auspiciada por RadioNeXX.com, la voz de la Libertad.

Marianella Salazar: A los responsables del caso Pdval también hay que buscarlos en La Habana

Cuando se restablezca la justicia en Venezuela y Hugo Chávez sea ex presidente, será juzgado como encubridor de uno de los delitos más abominables y miserables cometidos en un régimen que se jacta de atender a los pobres mientras se aprovecha del hambre de la gente.

Los responsables de la pérdida de más de 120.000 toneladas de alimentos importados por Pdval también hay que buscarlos en La Habana, que actúa como agente de importación tanto para Venezuela como para Cuba, financiado por Pdvsa.

El plan para destruir y arruinar el sector privado venezolano para favorecer negocios con Cuba no es nuevo, está documentado y publicado desde 2003 en esta columna, que revela el funcionamiento de la autopista abierta con La Habana a través de Alimport compañía estatal cubana para triangular las importaciones de alimentos, medicamentos y línea blanca.

Las ganancias que ha obtenido Cuba desde entonces no pueden cuantificarse, pues el verdadero precio de las operaciones es desconocido incluso por funcionarios y militares venezolanos involucrados en los megaguisos.

El modus operandi de Cuba es adquirir alimentos y medicinas próximos a su fecha de vencimiento, para que el precio sea 80% menor del valor.

Fuentes cubanas indican que desde 2007 hasta la fecha Venezuela ha pagado al Estado cubano alrededor de 15.000 millones en dólares por concepto de alimentos. En Cuba, desde las armas hasta lo que se come Fidel, y los gastos de los médicos españoles que lo atienden, son pagados por Pdvsa.

El Pitazo. El asunto de los contenedores putrefactos ha molestado a los cubanos, quienes critican la ineptitud de los venezolanos. En Cuba sí saben manejar su inventario. Aquí, por falta de experiencia, dejaron perder esos alimentos, hasta el colmo de que no pudieron aprovecharse para el pueblo cubano, acostumbrado a recibir productos de mala calidad.

Gracias a los “Black Freezer”, que congelan y mantienen los alimentos aun después de su vencimiento, Cuba tiene reservas hasta por un año.

Al presidente Chávez lo sorprendió el escándalo, creyó que esos alimentos estaban controlados en Cuba; tampoco contó con el pitazo que un grupo de militares les dio a las autoridades del estado Carabobo porque temen ser responsabilizados. En este negocio del Estado, como en todos, los cubanos planifican, se quedan con el dinero y encarcelan a unos militares venezolanos: sucedió con el Central Azucarero Ezequiel Zamora y en la masacre de mineros en La Paragua, estado Bolívar, en la que fueron privados de libertad unos efectivos militares, pero los cubanos que vestían uniforme militar venezolano se fueron con el oro y los diamantes robados y gozan de libertad.

Con los alimentos pasa más o menos lo mismo, disfrutan del botín y se olvidaron de los containers, la putrefacción los delató. A pesar de todo, Chávez tiene mucha suerte, con otro liderazgo opositor tendría un terremoto en el ámbito institucional y político.

MARIANELLA SALAZAR
La fetidez sale de Cuba ARTILLERÍA DE OFICIO
“El Nacional”

Alcaldes opositores dicen que “Ley de Comunas pretenden constituir un estado comunista”

Foto: JC

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, en compañía de sus homólogos de Chacao, Emilio Graterón; de El Hatillo, Myriam Do Nascimento, y de Los Salias, Ovidio Lozada, alertó que la Asamblea Nacional está usurpando funciones constituyentes con la aprobación de la Ley de Comunas y afirmó que este es el primer texto jurídico que pretende constituir formalmente un Estado comunista en Venezuela.

El primer mandatario municipal de Baruta informó que de aprobarse el proyecto de Ley Orgánica de Comunas, las alcaldías tendrán que contemplar partidas presupuestarias especiales para erogarle dinero a las comunas, situación que afecta los proyectos que se vienen desarrollando en los municipios.

Video: Globovisión (30 de junio de 2010)

“Estas partidas no van a estar adecuadas a los planes locales de planificación, ni a los proyectos de desarrollo que aprueben los concejos municipales. Todos los planes tendrán que ser desarrollados de acuerdo a los lineamientos que dicte el Presidente. El registro, organización, funcionamiento y cómo se va gastar el dinero de las comunas estará determinado por el ministerio de adscripción, es decir, el poder central”, aseveró Blyde.

Asimismo, Blyde indicó que la división político-territorial del país está determinada en la Constitución nacional y enfatizó que el proyecto de Ley de Comunas pretende alterar esta división.

“Cuando al pueblo venezolano se les consultó sobre la instalación de los distritos motores que abarcarían muchos municipios y que estarían por encima de las gobernaciones se pronunció, dijo que no. Hay que acatar la decisión del pueblo soberano”, afirmó.

También informó que se está redactando un escrito de observaciones sobre la Ley de Comunas y que, adicionalmente, se dará inicio a una campaña de información sobre el carácter “comunista” del texto jurídico. “Ojalá que antes de que llegue el escrito no le pasen la “rapidez parlamentaria” para evitar la verdadera consulta”, agregó el alcalde Blyde.

Por su parte, el alcalde de Chacao, Emilio Graterón, indicó que la aprobación de la ley es el paso más grave que se ha dado hacia la instalación del comunismo en el país. “Haremos un llamado a todos los alcaldes de país para efectuar una reunión y discutir los aspectos fundamentales de la ley”, acotó.

Prensa Alcaldía de Baruta

Foto: JC

Foto: Prensa Alcaldía de Baruta

Foto: Prensa Alcadía de Baruta

Foto: JC

Ministerio Público acusa a los Zuloaga por caso de carros “acaparados” y solicita su extradición

Foto: AFP Photo / Archivo / Juan Barreto

De acuerdo a un reporte ofrecido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el Ministerio Público en su escrito de acusación presentó la solicitud de extradición para Guillermo Zuloaga y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso.

El Ministerio Público acusó a Guillermo Zuloaga Núñez, a su hijo Guillermo Zuloaga Siso y a otras dos personas, por presuntamente guardar relación con el almacenamiento irregular de 24 vehículos, que fueron localizados durante un allanamiento realizado el 21 de mayo de 2009, en una quinta ubicada en Los Chorros, en Caracas.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó al referido Tribunal la extradición de los Zuloaga. En ese sentido, corresponderá a la citada instancia judicial elevar tal requerimiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, máximo juzgado que decidirá, finalmente, si es procedente o no.

Fiscalía acusó a los Zuloaga de dos delitos por caso de carros incautados

La Fiscalía General venezolana acusó hoy al empresario Guillermo Zuloaga, presidente del canal opositor Globovisión, y a uno de sus hijos, de mismo nombre que él, de los delitos de “usura genérica” y “agavillamiento” por el caso de presunto acaparamiento de vehículos nuevos.

En el escrito interpuesto ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas, el fiscal 1° nacional, José Gregorio Morales,acusó a Zuloaga Núñez, a Zuloaga Siso, al propietario de Pakla C.A, Enrique Kshenoske, y a la accionista de Toyo Club Valencia, Martha Roca, por la presunta comisión de los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento.

El fiscal primero nacional, José Gregorio Morales, anunció a la prensa que presentó ante un tribunal de Caracas el “acto conclusivo” mediante el cual acusó a los empresarios, en un caso que comenzó hace más de un año.

Video: Globovisión (29/06/2010)

El delito de usura genérica conlleva penas de entre uno y tres años, y el de agavillamiento, o asociación para delinquir, entre dos y cinco años, según explicó Morales en una breve rueda de prensa.

“El Ministerio Público tiene suficientes elementos de convicción para demostrar los hechos punibles” contra Guillermo Zuloaga y su hijo, afirmó el fiscal Morales.

El fiscal Morales informó que el escrito de acusación consta de 9 piezas, nueve anexos y 40 elementos de convicción.

Además de presidente de la cadena opositora Globovisión, Zuloaga es propietario de concesionarios automotrices.

La Justicia venezolana consideró que esos automóviles se encontraban acaparados para luego venderlos a precios elevados.

Recientemente, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los Zuloaga,pues se cumplieron los extremos legales establecidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el peligro de fuga y obstaculización a la justicia.

Los delitos por los cuales fueron acusadas tales personas están previstos en el Código Penal y en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

El Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento, la cual fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas, con los resultados antes señalados.

Asimismo, se analizarán los documentos consignados por el entonces Ministro de Comercio, Eduardo Samán, según los cuales existen irregularidades por parte de los directivos de las concesionarias Toyosan y Toyoclub, ambas vinculadas con el empresario Guillermo Zuloaga.

Vale destacar que a raíz de la situación irregular planteada durante el allanamiento con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y otros funcionarios, se abrió una investigación adicional por presunta obstaculización de la justicia, en la que fue imputada la abogada Perla Jaimes.

Foto:Juan Carlos Neira

Por su parte, Perla Jaimes abogada de Guillermo Zuloaga denunció que, “lamentablemente estábamos en el Tribunal cuando el fiscal estaba presentando el caso conclusivo, a nosotros se nos impidió el acceso a los expedientes. La acusación es por delitos de usura genérica y de agavillamiento, recalcó.

Asimismo, informó que el Presidente de Globovisión se presentaba cada 8 días ante el Tribunal.

“La solicitud de medida privativa se hizo de manera independiente, no sabemos absolutamente nada, estamos pidiendo una audiencia para ver de que se trata este acto“.

Por otra parte, Jaimes indicó que Guillermo Zuloaga es presidente de un concesionario que vendió unos carros, los cuales tienen sus legítimos propietarios. “El delito de usura genérica no compete en este caso”.

Sobre el estado de los vehículos incautados manifestó que estos han sido desvalijados. “No hemos tenido resultados sobre esta denuncia”.

Video: Cortesía de Globovisión (29/06/2010)

Para finalizar, dijo que Guillermo Zuloaga está dispuesto a encarar las acusaciones en un proceso justo y no quiso contestar si el Presidente de Globovisión está o no en el país.

Guillermo Zuloaga anunció el pasado 14 de junio que no se entregaría por considerar que el caso que lo involucra junto a su hijo es una “venganza” del gobernante del país, Hugo Chávez.

Desde paradero desconocido, Zuloaga dijo entonces vía telefónica a Globovisión que la orden de captura dictada contra él y su hijo constituyó una muestra de la “injusticia y persecución del Gobierno de Hugo Chávez”.

Ese “nuevo y vil ataque” tendría como “único fin tratar de callar” a Globovisión para que no denuncie “todos los problemas y angustias de los venezolanos, que son todos culpa del presidente, ya sea por su incapacidad o por simple negligencia”, agregó Zuloaga.

El mandatario venezolano ha negado que persiga a Zuloaga y ha criticado que el empresario ande “huyendo” en vez de encarar la Justicia local.

Foto:Juan Carlos Neira

Foto:Juan Carlos Neira

Con información de EFE y el Ministerio Pública

Asamblea Nacional aprobó expropiación de 11 taladros petroleros

Foto: Archivo

La Asamblea Nacional aprobó la expropiación “por causa de utilidad pública” de los once taladros de la estadounidense Helmerich y Payne (H&P) que estaban paralizados desde hace varios meses debido a una deuda millonaria que mantiene Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), informó la agencia estatal de noticias.

La decisión del congreso, que es controlado en su mayoría por aliados del gobierno, le abre el camino a PDVSA para asumir el control de los once taladros que tiene H&P en los estados de Monagas, Anzoátegui y Zulia.

La Asamblea Nacional sostuvo que los equipos “han permanecido ociosas durante varios meses dejando de producir 300.000 barriles de crudo diarios”, indicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El presidente ejecutivo de la firma, Hans Helmerich, afirmó que “nuestra posición sigue siendo clara: simplemente queremos que se nos pague por el trabajo realizado”.

El diputado oficialista Jesús Graterol justificó la expropiación señalando que “esta empresa (H&P) se ha negado a discutir el contrato de tarifas de servicios con PDVSA”, según reseñó AVN.

Graterol indicó que el gobierno considera que existe una“evidente intención de sabotaje para afectar nuestra producción petrolera y las inversiones que se requieren en el país”.

PDVSA defendió el lunes en un comunicado la expropiación de los activos de la firma estadounidense, y sostuvo que “a pesar de haberse efectuado durante casi un año una serie de reuniones con los representantes y directivos de H&P, no fue posible llegar a un acuerdo debido a las posiciones intransigentes de la citada compañía”.

La corporación indicó que “salvo H&P” las 14 empresas nacionales y 18 extranjeras que operan 155 taladros en Venezuela “llegaron a acuerdos con PDVSA, resultado que refleja la confianza depositada en nuestra empresa”.

PDVSA informó que solicitará a la Asamblea Nacional que declare de “utilidad pública” los once taladros de H&P para proceder a expropiarlos y absorber 600 trabajadores que laboraban para la empresa estadounidense.

H&P manifestó sorpresa por la decisión que anunció el gobierno venezolano, e informó el pasado jueves en un comunicado que desde hace varios meses venían desarrollando esfuerzos de buena fe para llegar a una “resolución provechosa para ambas partes” que incluía una propuesta de venta de los taladros.

El presidente ejecutivo de la firma, Hans Helmerich, afirmó que “nuestra posición sigue siendo clara:simplemente queremos que se nos pague por el trabajo realizado”.

H&P, que tiene su sede en Oklahoma, informó en enero del año pasado en su informe trimestral, que PDVSA le debía casi “100 millones de dólares” y que por tal motivo había paralizado unos cuatro taladros. Unos meses después la empresa informó que de los 11 taladros que tenía en Venezuela, ya estaban inactivos siete, y que los cuatro restantes deberían completar sus obligaciones contractuales a fines de agosto del 2009 para proceder a retirar todos sus equipos del país.

La empresa indicó el pasado jueves que PDVSA mantenía una factura pendiente para el pasado 14 de junio de unos 43 millones de dólares.

Asimismo, H&P sostiene que para el 30 de mayo disponía de 30 millones de dólares en moneda local, y que los inmuebles y equipos que tiene en Venezuela representaban unos 67 millones de dólares para el 31 de marzo.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, dijo la semana pasada a la prensa que espera que H&P sea compensada por la toma de sus activos en Venezuela.

A mediados del 2008, PDVSA presentó fuertes demoras en los pagos de sus deudas lo que la llevó a acumular acreencias con sus proveedores de servicios por unos 7.500 millones de dólares.

Además de H&P la corporación estatal mantuvo diferencias el año pasado con la estadounidense Ensco por el pago de una deuda de 35 millones de dólares. La disputa culminó con la toma de un taladro la firma extranjera por parte de una filial de PDVSA.

A mediados del 2008, PDVSA presentó fuertes demoras en los pagos de sus deudas lo que la llevó a acumular acreencias con sus proveedores de servicios por unos 7.500 millones de dólares.

La estatal petrolera inició a partir del 2009 un plan de pagos masivos que le permitió cancelar deudas por unos 2.000 millones de dólares en una primera etapa. PDVSA realizó en la segunda mitad del 2009 una emisión de deuda por 3.260 millones de dólares para pagar parte de sus obligaciones con los proveedores de servicios.

Alterno a ese proceso de pago el gobierno venezolano expropió el año pasado los activos de varias decenas de empresas locales y extranjeras que le prestaban servicios especializados a PDVSA en el Lago de Maracaibo y en el oriente del país. Las autoridades tomaron los activos respaldados en una ley que aprobó la Asamblea Nacional que le reservó al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos.

Copyright 2010 The Associated Press.