CIDH ordena a Venezuela “habilitar” a Leopoldo López
septiembre 16, 2011 1:20 pm
(Foto archivo)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Venezuela habilitar políticamente a Leopoldo López, a quien se le prohibió postular a cargos públicos tras ser acusado por las autoridades de corrupción, anunció este viernes su partido.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos habilitó a Leopoldo”, escribió el partido Voluntad Popular en un correo electrónico enviado a periodistas.
“LO LOGRAMOS, se hizo Justicia. ESTOY HABILITADO. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela!”, escribió por su parte López en la red social Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó en 2009 a Venezuela ante la Corte tras determinar que los derechos de Leopoldo López fueron violados cuando fue inhabilitado por una autoridad administrativa como candidato cuando aspiraba a la alcaldía de Caracas.
Este viernes, el canciller venezolano Nicolás Maduro señaló tras conocer la decisión de la Corte, que el gobierno prefiere estudiarla antes de pronunciarse, pero acotó que “la lucha contra la corrupción y los corruptos seguirá”.
López, una de las caras más visibles de la oposición venezolana -cuyo partido quiere postularlo como candidato en las elecciones presidenciales de 2012-, fue inhabilitado políticamente en 2008 por la Contraloría General por un periodo de seis años.
La Contraloría, a cargo de vigilar el orden de las finanzas públicas, alegó irregularidades administrativas durante la gestión de López como alcalde de un municipio de Caracas entre 2000 y 2008.
En marzo del 2008, López presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia que inicialmente es la que somete a consideración un pleito y decide si lo entrega o no a la Corte para que falle.
La Comisión pasó el caso a la Corte en diciembre del 2009 y le solicitó ese tribunal que declarara que el Estado venezolano violó los derechos políticos de López.
El dirigente venezolano alegó en su demanda que el Estado violó sus derechos políticos al imponerle una inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de funciones públicas prohibiendo su participación en las elecciones regionales del 2008.
López argumentó que su sanción fue una medida administrativa y no una condena penal firme dictada por un juez competente, lo que iba contramano a los estándares convencionales.
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