Con gusto y responsabilidad ofrecemos una nueva campaña de información en vivo a los Venezolanos que no estén inscritos en el Registro Electoral o a los que necesiten mudar su lugar de votación para votar en Miami en las próximas elecciones Presidenciales,
y en las PRIMARIAS por la UNIDAD para el cambio en Venezuela.
ULTIMA HORA. La Cónsul en Miami declaró públicamente que se hará una nueva jornada especial de Registro Electoral en el Consulado en Miami eljueves 29 de Septiembre desde las 9 AM hasta las 4 PM. Los documentos que piden son los mismos y en el Consulado ya saben que en su condición de autoridades Venezolanas no tienen autoridad para pedir copias de documentos extranjeros solo pueden pedir verlos. Y el pasaporte con su número lo están pidiendo porque el sistema de Registro Electoral en línea pide esa información para poder continuar.
UNIDOS SEREMOS MEJORES. El cambio viene.
Nuestro Toldo Justiciero con información en vivo en esta oportunidad estará ubicado en .
Se revelan los montos y los bancos: Caso Makled salpica al uniformado cuyas cuentas congelaron en EEUU
Instituciones bancarias en Estados Unidos han suspendido cuentas bancarias a importantes altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, entre ellos un miembro del alto mando militar de Venezuela, por falta de claridad y legalidad con respecto al origen del dinero depositado, de acuerdo a fuentes y documentos a los que tuvo acceso Descifrado.com
Por lo menos dos bancos norteamericanos le suspendieron las cuentas al almirante Carlos Aniasi Turchio, recien sustituido comandante de la Armada venezolana, y su esposa, por ser considerados clientes bajo la lista de PEPs, o Personas Expuestas Políticamente, una clasificación realizada por el FBI de personas extranjeras con cuentas en bancos norteamericanos que mantienen vínculos con gobiernos en todo el mundo.
La medida, incluida en la llamada Ley Patriótica, tiene el objetivo de prevenir la utilización del sistema financiero estadounidense para amasar o lavar dinero proveniente de la corrupción adminstrativa, como consecuencia del aprovechamiento indebido de los cargos políticos para el enriquecimiento personal.
Aunque el cierre de las cuentas se produjo varios años atrás, la última de ellas en 2008, es la primera vez que se conocen públicamente de estos procedimientos.
Wachovia Bank, que el año fue vendido y ahora opera bajo el nombre de Wells Fargo, cerró dos cuentas a los Aniasi en marzo de 2005, cuando el almirante era el jefe del puerto de Puerto Cabello.
Ambas cuentas tenían relativamente bajas cifras: una de ellas tenía 33.363,29 dólares al momento de su cierre. La segunda cuenta contaba con 6.765,03 dólares. Ambas fueron cerradas el 9 de marzo de 2005.
La suspensión de las cuentas coincidió con un estudio realizado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Richard Lugar, en el que se señalaba a Puerto Cabello como el principal punto de exportación de cocaína desde territorio venezolano a Estados Unidos y Europa.
En 2010 el saliente comandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio fue señalado por el empresario acusado de narcotraficante Walid Makled, como uno de sus socios en varias operaciones, entre ellas la firma de la concesión para controlar el 40% de las operaciones del Puerto, presuntamente a cambio de dinero, de acuerdo a denuncias de Makled a la prensa venezolana.
Una cuenta en una segunda institución financiera, Smith Barney, el servicio de banca privada del grupo Citibank, fue cerrada por presunta falta de transparencia sobre el origen de los fondos, de acuerdo a documentos federales revisados por Descifrado.
La cuenta en Smith Barney se mantuvo abierta por lo menos hasta septiembre de 2008, de acuerdo a un documento sobre transferencia de fondos en el que Aniasi movió 23.205 dólares a otra cuenta suya en Bank of America.
Descifrado no pudo conocer si la cuenta de Bank of America fue cerrada en ese mismo momento o posteriormente, o si aún se mantiene abierta.
Aniasi Turchio también mantenía cuentas en el Eastern National Bank, una entidad bancaria propiedad de Fogade, de donde recibía transferencias en dólares del Banco Occidental de Descuento (BOD).
Tampoco se pudo confirmar si estas cuentas se mantienen activas o fueron cerradas.
El monitoreo federal de cuentas bancarias propiedad de venezolanos se ha convertido en una prioridad para organismos como el Fondo Federal de Garantía de Depósitos (FDIC), y la Security Exchange Commission (SEC), debido a que Venezuela es considerado un país de alto riesgo en material de lavado de dinero.
Uno de los últimos episodios de cierre de una cuenta bancaria a venezolanos se produjo a mediados de este año. Bajo investigación federal por lavado de dinero, Ocean Bank fue obligada a cerrar la cuenta de uno de sus activos clientes, un abogado que presta servicios para el Banco Plaza en Caracas, propiedad de la familia que controla Ocean Bank en Miami. El abogado está emparentado familiarmente con el presidente del banco en Miami, Alfonso Macedo.
La cuenta del abogado, identificado en documentos federales con las iniciales RB, manejó grandes cantidades de dinero provenientes de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, y del empresario naviero Wilmer Ruperti, de acuerdo a una demanda ante la corte estatal de Miami-Dade.
De acuerdo a fuentes federales consultadas por Desacifrado.com, la cuenta fue suspendida, y se emitió una orden de deportación para RB.
La “estrategia” de la cocaína estremece sus ya debilitados cimientos
Rafael Rivero Muñoz
Caracas, 02/09/11
“… Sie können diese Sache nicht nur einer Hand voll Staatsanwälte und Richter überlassen…”
No se puede permitir dejar este asunto solo en manos de un puñado de fiscales y jueces.
El derivado de la inesperada pero obligada “captura” en El Cabo de San Román, Paraguaná, Falcón, Venezuela, la noche del 12/08/11 sobre las 20:30 horas y la inevitable difusión del evento, disparó filosa metralla indiciaria hacia niveles deficientemente controlados en el affaire de la narcoavioneta YV 2531 cargada con 1,4 toneladas de cocaína de exportación >90%.
Una no prevista pero si precipitada reacción “técnica”, les explotó en la cara a estos revolucionarios si, pero inexpertos operadores, dando con ello inició a una escalada desde el momento en que, ya cargada, lista para el abordaje de pilotos y el encendido de motores para el despegue con destino a pistas clandestinas en Honduras, la no prevista e inesperada irrupción en el área de la operación de la patrulla de Polifalcón P-294 y los precipitados pero alevosos disparos sobre ésta realizados por los CICPC responsables del “primer anillo” de seguridad, tanto para detenerla como para impedirles llegar hasta la aeronave, empasteló todo, obligando de seguida a un abrupto giro de 180º.
La cancelación sobre la marcha de dos operaciones en paralelo: a) Una, la de cobertura y abierta, la supuesta “Operación de Droga Controlada”; b) la otra, oculta pero verdadera operación de transporte de cocaína con el apoyo armado de los funcionarios del CICPC.
Así se inició el rápido paso previsto y programado con antelación, hacia las tareas de cobertura con la liquidación física de testigos, la ulterior destrucción de todas las evidencias materiales posibles y la fabricación de un escenario ad hoc.
Psicodrama
Este asunto está alcanzando ya estadios de un soterrado psicodrama con las carreras de uno y otro personaje al interior del alto gobierno.
Entendiendo así en su particular aplicación en este caso, como ese calculado tratamiento en las iniciales decisiones sobre el terreno, al ordenar y ejecutar el frío asesinato, sin miramientos alguno y con certeros disparos a quemarropa, a dos de los principales pero desprevenidos operadores:
Un tiro en la cara al cabo segundo (r) de la Guardia Nacional, Luís Alberto Fuentes Pernía, el copiloto de la aeronave.
Un tiro en el pecho a Edilberto Rosales Escalante el chofer de la Ford F-350, placa A76AEOB donde se transportó la droga desde los depósitos al Cabo de San Román.
Con dos rápidas ejecuciones:
Se silencian a los dos únicos eslabones que conectarían la ficción ministerial con la realidad del negocio.
Se imponen además del silencio los subsiguientes necesarios apoyos de quienes ya entrampados públicamente, deberán entramparse más para evitar cualquiera sea la investigación distinta al teatro ad hoc montado.
Se ponen así en el frente de las responsabilidades derivadas a quienes dirigían el montaje de la articulada cubierta, la “Operación de Droga Controlada”: En principio a Tarek El Aissami minpopoinjust, a Venancio Amaya el jefe de la ONA y a Wilmer Flores Trocel y la directiva nacional y regional del CICPC.
Se cubren con manto de silencio los pormenores de la verdadera operación de transporte de 1,4 toneladas de cocaína destinada a los carteles mejicanos, vía Honduras.
Como resulta ya habitual, el artífice y titiritero, autor tras los autores, queda a cubierto de cualquiera sea la investigación o señalamiento, de nuevo logra el objetivo que sustenta su impunidad.
Pero
Con esos dos fríos asesinatos mientras aterrorizaron a los incautos, a la vez le sacaron el seguro y activaron la espoleta de tiempo de una enorme y latente carga de profundidad que, a la sazón y como estaba previsto en esta operación clandestina, les ha sido sembrada bajo la silla de cada uno de los funcionarios civiles y militares involucrados en el affaire.
La ignorancia y las propias torpezas en los mandos superiores, medios y de línea en esta supuesta “Operación de Droga Controlada de Hugo Chávez”, a tenor dirigida por Tarek El Aissami y secundado por el simple encargado de la ONA Venancio Amaya –quien buscando aventura y figuración que le atornille en el cargo se hace víctima de su idiotez e inexperiencia en estos asuntos y sobre su propia ineptitud–, han convertido así a la YV–2531 en un peligrosísimo artefacto; una especie de bomba de racimo de acción retardada:
“… Nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza…”.
Ya los estallidos de sus primeras “granadas” de información son de graves consecuencia al interior mismo del centro del poder revolucionario.
Danza en medio de lobos
Un paulatino desenlace que si bien posiblemente haya sido atemperado en el corto plazo, con el tiempo irá acumulando poder expansivo y serán cada vez más severas en esa su certera escalada hacia las posiciones cada vez más altas en el ámbito de la política, de lo militar, de lo policial y de otras dependencias del gobierno FGR, tribunales y AN incluida y no pareciera, que en ese mismo lapso, sean totalmente controlables sus derivados a futuro.
Hemos adelantado múltiples detalles del caso en las dos últimas notas pero, pareciera, persisten en los funcionarios de muy alto nivel, la ignorancia combinada con la angustia y mediando esa combinación cada quien busca como salvar el pellejo y con ello mantienen la vigencia del asunto en los titulares de la prensa diaria:
“… Qui s’excuse sans être requis, s’accuse réellement…”
Notable es el silencio del parlanchín minpopoinjust Tarek El Aissami, héroe civil de El Rodeo, de su asociado jefe de la ONA Venancio Amaya y de Wilmer Flores Trocel, rodeados todos de esas enormes dudas que el pánico les impone, luego del inesperado y frío asesinato del copiloto y del transportista.
Asumimos que para estos ingenuos en lo personal, una cosa son los señalamientos públicos sobre su ineficiencia como responsables por la seguridad pública en el país; las acusaciones sobre la Industria del Preso que permite familiares y allegados acumular ganancias para depositarlas en cuentas en el exterior; una cosa es hasta aprovechar la famosa Valija Diplomática para poner a salvo algunas ganancias vía la legación venezolana en los Países Bajos; pero otra muy distinta es percibir los señalamientos de responsabilidades en el brutal asesinato de dos sujetos que apenas horas antes uno y otro habían instruido personalmente para la ejecución de la supuesta operación de “Droga Controlada de Hugo Chávez”.
Sobre ello y por ello, el viceministro de seguridad ciudadana Néstor Luís Reverol Torres avanza en su propio programa muy personal para sacudirse salpicaduras que se pudieren proyectar sobre sí en el asunto puesto que, salvo prueba en contrario, sigue él siendo el titular de la ONA donde habría dejado s su encargado mientras se desempeña en este nuevo rimbombante cargo de Seguridad Ciudadana y como subalterno del minpopoinjust Tarek El Aissami.
En su angustia por marcar distancia http://www.globovision.com/news.php?nid=200584, no sólo abierta y públicamente desmiente en su declaración a su jefe directo quien además de dirigir personalmente la operación, oficialmente informaría sobre la detención de la narcoavioneta YV–2531 en el Cabo de San Román.
En otros términos, el subalterno Néstos Luís Reverol Torres, le corrige la plana a su ahora silenciado –entre otros ados– jefe y afirma: “… la avioneta fue capturada en medio de la noche, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Josefa Camejo en Punto Fijo…”
Pero no sólo desmiente a su jefe inmediato, sino más allá de eso, se atreve a hacerlo con el jefe de éste y líder de la revolución bolivariana, quien antes de retirarse a su químio, oficialmente había expresado: “… la avioneta que salió de La Carlota cargada con cocaína, y que fue detenida en Falcón, formaba parte de un plan de entrega controlada; esto, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. ‘La avioneta sí salió de La Carlota. Entrega controlada’, enfatizó…” (28/08/11 Correo del Orinoco, página 2, bajo firma de T/ Vanessa Davies, F/ Francisco Batista-Prensa Miraflores Caracas).
¿Dónde está el piloto?
Un enigma que hasta ahora ha pasado desapercibida se refiere al piloto de la YV–2531; ese que ha realizado no menos de cinco o más despegues y aterrizajes; supervisó el desmantelamiento interior; voló desde La Carlota, ida y vuelta, no menos de tres veces hasta el Cabo San Román; estaba presente y controlando estiba durante de la carga de 1,4 toneladas en la aeronave en esa pista habilitada en la carretera y bajo custodia del contingente del CICPC; luego de la cancelación de la(s) operación(es), con el tiroteo a la patrulla de polifalcón, presenció el asesinato de su copiloto y del transportista; bajo órdenes ministeriales, despegó la aeronave y aterrizó en el aeropuerto Josefa Camejo donde descargaron la droga y el minpopoinjust Tarek El Aissami exhibió e informó a los medios sobre la operación; días después, de nuevo despegaría la YV–2531 en el Josefa Camejo y desde ese momento, se esfumaron aeronave, droga y piloto a la espera de una nueva oportunidad, si no es que ya están en Honduras.
A tenor de los 1.400 kilos de cocaína, una única y escueta información del 01/09/11 difundida obre las 10:10 horas y vía @vicky_josephnoticierovv señala: “… 676 kilos de cocaína fueron incinerados en Falcón, la droga fue incautada en una avioneta…”.
En caso de que se refiera a la cocaína de la YV–2531, eso representaría sólo el 48,2% del total decomisado anunciado por el minpopoinjust y eso, si aceptásemos como válido que lo incinerado es cocaína.
No es la primera ni será la última vez en Venezuela que, dando buen uso de la ignorancia y/o complicidad de fiscales, jueces, jefes policiales y militares más testigos, se quema harina, talco o cualquier otro polvo blanco por cocaína; ha sido y es el método más seguro para el reciclaje al viejo estilo José Manzo González (80s) o Ramón Benigno Guillén Dávila (90s) y preservar, en este caso, la necesaria integridad de un cargamento, esta vez, destinado a los carteles centroamericanos.
Ya en nota anterior hicimos mención de la expresión del fiscal Patrick Sullivan frente a las evidencias en aquellos montajes de “Droga Controlada” de Adolfo Romero Gómez; allí está descrito el particular modus operandi que aquella oportunidad involucró a la unidad especial de la Guardia Nacional bajo el mando del general Ramón Benigno Guillén Dávila; http://rriverom.wordpress.com/2011/08/19/%C2%BFlaberinto-de-%E2%80%9Cdroga-controlada%E2%80%9D-o-mas-bien%E2%80%A6/, pero en el caso que nos ocupa, debemos observar otros importantes detalles que, posiblemente, nos permiten ponerle rostro e identidad indubitable a un “Retrato Hablado” ya comentado.
Dos disparos… dos asesinatos
Salvo prueba en contrario y de acuerdo a todo el cúmulo de informaciones oficiales y datos colados en los medios por interesados, en las balaceras o supuestos intercambios de disparos en el caso de la YV–2531, deberemos tomar en cuenta importantes detalles.
Definitivamente fueron dos sesiones de disparos, posiblemente una desencadenó la otra, pero no fueron ejecutadas ni en el mismo momento ni en el mismo espacio físico del área de la dicha “Operación de Droga Controlada”, ni por las mismas personas.
La primera serie de disparos, queda así establecido en las informaciones, se origina cuando la P–294 de polifalcón se acerca al área de la carretera que había sido habilitada como pista de aterrizaje; en ese momento el personal del CICPC atrincherado como “primer anillo de seguridad” y bien retirados del sitio de parqueo de la YV–2531, reacciona e inicia la balacera contra el vehículo patrulla.
¿Cuántos disparos realizaron?
He allí el por qué la P–294 de polifalcón fue desaparecida por el CICPC.
Por el número de esos impactos sobre la carrocería y los ángulos de tiro, quedaría perfectamente establecido que fueron varios tiradores, desde distintas posiciones y con distintas armas.
Eso identificaría en términos técnicos, los efectos de una emboscada a una patrulla de la policía.
¿Cómo se puede el jefe de la operación, Tarek El Aissami, brindar una explicación lógica y aceptable, que permita entender por qué los funcionarios del CICPC del primer anillo de seguridad, la hayan emprendido a tiros contra una patrulla policial suficientemente identificada?
¿No bastaba para el CICPC, equipo de Operaciones Especiales, uniformados, detener a la P–294 en la carretera, notificarles de la ejecución de una operación policial y pedirles que se retiraran del área?
Tal como fuera luego realizado con la comisión de la Guardia Nacional que llegó al sitio y a quien también pretendieron desarmar y quienes se retiraron de la escena por órdenes de su comando.
¿Qué era eso, tan misterioso que el CICPC no podía permitir fuera observado por comisiones de otros cuerpos de policía?
La segunda serie de disparos, fueron en realidad apenas dos de próximo contacto o muy cerca de las víctimas:
Los disparos del primer anillo de seguridad contra la P–294, sorprendieron a todos los funcionarios presentes y se atrincheraron a la espera de un ataque.
Pareciera que ambas víctimas en ese momento estaban en sus asuntos, el uno preparándose para abordar la YV–2531, encender motores y despegar; el otro, a la espera de la cancelación monetaria de su actividad.
Un “Operador de Seguridad” entre el personal del CICPC, misionado al efecto, frente a los disparos e ignorando de qué se trataba, asumió era un ataque formal por un contingente adverso y decidió ejecutar las órdenes recibidas antes del inicio de la operación: Matar a las dos piezas que podían eventualmente identificar la verdadera operación de tráfico de cocaína y relacionar al copiloto y al transportista y la verdadera operación clandestina con el “autor tras los autores”.
El primero, el copiloto, Luís Alberto Fuentes Pernía,quizás uno de los pocos en ese lugar que estaba en cuenta de la verdadera operación, quien había sido expresamente contactado y contratado y se le habían suministrado las coordenadas de la pista clandestina en Hunduras donde aterrizaría la YV–2531 y entregaría la carga.
Luego de seguida, el transportista, Edilberto Rosales Escalante, porque podía identificar a quien le contrató para hacer el viaje y dónde fue cargada la camioneta con los 1.400 kilos de cocaína, lo cual también identifica al “autor tras los autores”.
Son dos asesinato: Los disparos realizados muy cerca de la víctima, próximo contacto, eso significa entre cero centímetros y un metro de distancia entre la boca del arma y la superficie de impacto; deja ello en evidencia clara de que no se trata de disparos en una balacera puesto que el criminal actuó sobre seguro, aprovechando la confianza de la víctima, se les acerco y les disparó a cada uno un solo tiro mortal: ¿Por qué uno en la cabeza y al otro en el pecho?, porque primero liquidó al copiloto y rápidamente giró el arma hacia la superficie más amplia del otro blanco, el pecho.
Cuando el minpopoinjust Tarek El Aissami, en su angustia por sacudirse las consecuencia de esos dos asesinatos, alega que las armas de los policía de polifalcón estaban en la aeronave, miente descaradamente y tómese en cuenta que eso no significa que las armas de estos policías no hayan podido ser utilizadas para realizar algunos disparos por funcionarios del CICPC y una vez que fueron detenidos y desarmados.
El contingente CICPC:
Amaya Venancio (ONA)
Colmenares Juan
Gil Luis
Mudalel Orlando
Aponte Miguel
Coronado Anderson
González Manuel
Mundarain Joxim
Arnedo José
Castro Gregorio
González Pedro
Padilla Wendy
Alvarez. Jesús
Carreño Nestor
Gutiérrez Rafael
Rodríguez José
Alvarez Ernesto
Díaz Oswaldo
Guarapo Pedro
Rincones Cesar (BAE ).
Armas Kerwin
Fariñas Marianela
Hermoso Owerman
Rosa Irvin de la
Aguilar Marcelino
Flores Luisa
Hernández José (herido)
José Sánchez
Alirio Castellanos
Fuenmayor Danilo
León José
Toro Hector
Cadiz José
García Ingrid
Lucas José ( BAE )
Torres Jhon ( BAE
Carrero Nelson
Godoy Rafael
Martínez Douglas ( BAE)
Tovar Miguel
Quid pro quo
Como de costumbre, este especializado titiritero de la cocaína y criminal en serie con ya casi tres décadas de actividad, habituado está ya al método y ahora tratando de resolver el entuerto –como siempre desde un lugar bien seguro– optó por ordenar esos dos disparos para las drásticas eliminaciones sumarias; pero luego en los ya angustiados grupos –civiles y militares– sobre los que ha soportado y soporta su impunidad, impone sus directrices desplazando las expresiones verbales hacia los métodos de acción directa y esto lo ejecuta en un escenario donde todos y cada uno los implicados de alto rango –soleados o asoleados– están tratando a como de lugar, de hacerse a un lado para sacudirse las indelebles salpicaduras de esos dos asesinatos en sus expedientes de servicio, que, como es ya bien conocido, antes que curriculums semejan ya más bien, prontuarios.
Baste agregar al citado retrato hablado, las particulares capacidades en el estilo de ejecución sobre el terreno, con lo que quedarían a la luz tanto la experiencia como las desarrolladas, probadas y afinadas capacidades “técnicas” del sujeto de marras, desde aquellas viejas masacres de estudiantes, luego la de inocentes desarmados en la frontera con Colombia http://rriverom20025.wordpress.com/2011/09/01/masacres-y-asesinatos-en-serie-19822004/; después con el “… bájame otra mano de cambur…” dictada desde su escritorio y como orden directa para los francotiradores el 11 abril de 2002; con la muy bien planificada, mejor elaborada pero frustrada masacre con aquel montaje de “Los Paracachitos” en el mes de mayo del 2004http://rriverom20025.wordpress.com/2011/08/31/paramilitares-en-el-hatillo-los-paracachitos/, de nuevo se percibe en la acción si bien soterrada y tras bastidores, pero siempre listo a mover sus controladas piezas y que éstas asuman posiciones e impidan la investigación criminal.
Capacidad instalada
Ayer frente a las precisas acciones en curso del juez militar Ángel Edesio Zambrano Chaparro al dictar medidas en contra de los funcionarios, civiles y militares involucrados en la Masacre de El Amparo, presionó a la secretaria privada para que ésta a su vez presionara a su jefe Jaime Lusinchi, tanto para la fundación del CEJAP como para luego del entuerto al descubierto, cubrirle la espalda al ordenar al Ministro de la Defensa que despojara del expediente a ese juez y radicara la causa en el tribunal militar de Caracas, se dictaran las medidas en beneficio de los funcionarios que intervinieron en esa y otras nueve masacres más. Sobre el 11A y “Los Paracachitos”, públicamente el asunto ha sido asumido por el propio Hugo Rafael Chávez Frías y hasta ahora han silenciado investigación criminal y causa penal derivada.
Y pareciera que de nuevo en el silencio, desde su asegurada posición como Presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV, hace gala de las habilidades este titiritero de la cocaína; aprovechando la ignorancia, la cobardía y con la dispensa de ganancias líquidas depositadas en cuentas dentro y fuera del país para soleados y no soleados o asoleados, logra complicar directamente en el asunto de la YV–2531 a todo el cuadro de mando en seguridad pública del gobierno revolucionario, hasta el punto de que el propio Hugo Rafael Chávez Frías, es llamado a terciar en el asunto y fijar posición pública, fija la línea oficial de la revolución, al definir el asunto como “Operación de Droga Controlada”.
Conclusión
Salvo prueba en contrario, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, alias “El Rambo Venezolano” (Hugo Chávez dixit), jamás ha perdido oportunidades para dar continuidad a su principal actividad.
Desde las primeras pruebas de campo –Cantaura, Yumare–, pasando por todo el proceso de creación y consolidación del Corredor Seguro para la Cocaína, depósitos incluidos; con AD, Copei (1982/88), MVR200 y PSUV (1992/2011); hoy desde su asegurada posición como Presidente del Tribunal Disciplinario del PSUV, garantizando su impunidad, opera con la más efectiva libertad en el negocio de la cocaína; fuere con sus avezados broker, uno de ellos Walid Makled García, fuera valiéndose de la ignorancia, inexperiencia, idiotez y cobardía de presidentes, ministros y de jefes policiales de ayer y hoy, tiene ahora “el sartén por el mango” y entre químio y químio –allá o aquí– de su principal protector, mantiene la dinámica y la vigencia de las garantías de suministros de la cocaína para los carteles mejicanos o para cualquier otro que le pague el precio.
Vista desde esta perspectiva, el asunto de la narcoavioneta YV–2531, siendo suficientemente claro, pareciera entonces que Miraflores no sólo nada, cabalga sobre la escala de Richter desde el momento en que, imperando la lluvia de dólares americanos por sobre esa necesidad de apoyos incondicionales en función de la indispensable permanencia en el poder de Hugo Rafael Chávez Frías, la estrategia de la cocaína está ya tan imbricada en el gobierno revolucionario que, indiscutiblemente, estremece ya los debilitados cimientos sobre los que se soporta el poder político en Venezuela.
Vale a tenor de esta nueva evidencia, aquella vieja pregunta de notas anteriores y que aun cuando no ha sido respondida, sin embargo desde este ángulo de observación, asoman claros los indicios:
¿Quién realmente tiene y ejerce de hecho y en los hechos, el poder político en Venezuela?
El nombre de Francisco Illarramendi es bien conocido en los pasillos del poder económico en Venezuela: por años, como uno de los arquitectos financieros del Gobierno de Hugo Chávez; y hoy, como el autor de un fraude que deja al desnudo los descalabros de Pdvsa.
El gestor de capital de riesgo de 42 años -con doble ciudadanía, venezolana y estadounidense- fungió como asesor de varios ministros de finanzas y de la propia Pdvsa, que le llegó a confiar a su firma Michael Kenwood Group (MK Group) unos 500 millones de dólares de sus pensionados entre el 2009 y el 2010.
(Foto Reuters)
A los pocos meses, Illarramendi se declaró culpable de estafar a sus clientes por unos 540 millones de dólares -la mayor parte de ellos del Fondo de Pensiones de Pdvsa- mediante un esquema piramidal al mejor estilo del famoso Bernard Madoff, lo que ahora lo enfrenta a pasar hasta 70 años en prisión por presunta malversación y conspiración para obstruir a la justicia.
El desfalco supone una gota más en el desbordado vaso de entuertos financieros y operativos que atraviesa PDVSA, que se está endeudando a un ritmo meteórico para encarar los faraónicos proyectos sociales que le encomienda Chávez en temas de alimentación, salud o vivienda, mientras intenta cumplir con las gigantescas inversiones necesarias para revertir el peligroso letargo en que se encuentra su producción de crudo desde hace varios años.
En las próximas semanas el caso -revelado por el regulador bursátil estadounidense-podría agitar nuevamente las aguas en que navega PDVSA y poner en el candelero a los altos gerentes de la corporación, ya que todavía nadie asumió la responsabilidad por la contratación de Illarramendi.
La fiscalía estadounidense designada para seguir la pista al dinero presentará pronto su informe final sobre cómo se gestó el fraude, cómo Illarramendi captó el dinero, lo invirtió para su propio beneficio y trató de ocultar pruebas.
“Fue ejemplo de mala gerencia: escogieron a Illarramendi a dedo por su amistad con directivos de PDVSA cuando sus empresas no estaban autorizadas para invertir en fondos de pensión y no invitaron a otras firmas a presentar sus propuestas sobre cómo invertirían los fondos”, dijo a Reuters el ex coordinador de finanzas de la estatal Oliver Campbell.
“Además, no hubo una auditoría adecuada, pues se debió detectar el mal manejo mucho antes de que pasara a ser una estafa”, agregó.
El Gobierno reaccionó hace pocos meses con una amplia reestructuración de la junta directiva de PDVSA, que pareció destinada a absorber el impacto político del fraude y asegurar una mayor vigilancia interna, con la entrada de pesos pesados del Ejecutivo de Chávez.
Entre los cinco directivos relevados de sus cargos estaba el veterano jefe de finanzas de la empresa, Eudomario Carruyo, quien era el encargado de administrar el cada vez más opaco fondo de los jubilados, que asciende a 2.500 millones de dólares.
La enésima controversia protagonizada por la mayor compañía nacional le ha dado nuevas municiones a los críticos de Chávez, para quienes el caso confirma la creciente corrupción, la opacidad y la mala administración de la petrolera, justo cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirmó a Venezuela como la nación con las mayores reservas mundiales de crudo, por encima de Arabia Saudita.
Enfermo de cáncer y con los comicios presidenciales del 2012 a la vuelta de la esquina, Chávez ya comenzó a recurrir a la constreñida caja de la petrolera para inyectar fondos a la calle, para neutralizar los negativos efectos que tienen la inseguridad, la alta inflación y las constantes fallas de los servicios públicos sobre su popularidad, clave para buscar una tercera reelección. ¿Quién es este señor? Illarramendi, el cerebro de la operación, es un economista graduado en Estados Unidos, ex trabajador del banco de inversión Credit Suisse y con estrechas conexiones en la administración Chávez desde su llegada al poder en 1999, cuando el mandatario todavía no glosaba las bondades del socialismo e incluso viajaba a Estados Unidos promocionando a su país ante inversores foráneos.
Quienes han visto su foto a la salida del juicio en Connecticut en marzo, con una carpeta en la mano izquierda y un maletín azul en la derecha, tal vez no imaginarían que este hombre prácticamente calvo y entrado en kilos diseñó las multimillonarias emisiones de bonos denominados en dólares y pagaderos en bolívares con que las autoridades económicas oxigenan periódicamente el férreo control de cambio que rige en el país desde 2003 y que han hecho florecer fortunas en el país caribeño.
Hijo de un antiguo ministro del gobierno anterior a Chávez y miembro de la organización católica Opus Dei, Illarramendi trabajó como asesor ejecutivo de PDVSA hasta el 2005, ayudando a la firma en la recompra de la deuda que tenía en circulación en Estados Unidos para poder formalizar su retiro de la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y dejar de presentar puntualmente sus estados financieros al regulador.
Además, actuó como consejero del Ministerio de Finanzas en varias oportunidades -la última entre el 2007 y el 2008- y llegó a tener privilegios de ministro como el uso de una pista del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada para el presidente y los más altos funcionarios del Estado.
El fraude financiero más grande en la historia de PDVSA es, además, “el mayor juicio de cuello blanco” llevado a cabo por la oficina del fiscal federal de Connecticut, David Fein, que examinó 40 computadoras, ocho servidores, varios dispositivos móviles y casi un centenar de cajas de documentos para recopilar un expediente de más de 100.000 páginas.
Origenes del escándalo Una fuente vinculada a la directiva de PDVSA dijo a Reuters en condición de anonimato que, tras un período de grandes pérdidas en los fondos de pensiones globalmente entre el 2007 y el 2008, la compañía estatal decidió reorientar parte de ese capital hacia otras inversiones.
Ahí, oportunamente, apareció “Pancho” Illarramendi, un hombre tranquilo y discreto, según quienes lo conocen.
“Desde el 2006, Illarramendi y Michael Kenwood Capital Management se han apropiado indebidamente de los activos de los inversionistas y han usado tanto fondos como vehículos para un esquema Ponzi, es decir, han usado el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los primeros”, dijo la SEC en marzo, en una enmienda a la demanda que presentó en enero.
Según las autoridades estadounidenses, Illarramendi desvió parte del dinero del fondo de pensiones venezolano para comprar participaciones no autorizadas y en su propio nombre en NuScale Power, una incipiente compañía de energía nuclear en Oregón, y otras pequeñas firmas.
MK Group no respondió a las peticiones de información de Reuters, pero recientemente anunció públicamente que reduciría sus operaciones mientras busca una nueva fuente de ingresos para operar.
Antes de declararse culpable, el financista llegó a pagar 3 millones de dólares para forjar certificaciones de activos falsos por más de 270 millones de dólares y justificar los movimientos de capital del fondo ante la SEC, según dijo la comisión.
En junio, los reguladores anunciaron que encontraron casi 230 millones de dólares en un fondo internacional conectado con Illarramendi, quien está en libertad bajo fianza, respaldado por cuatro propiedades en Estados Unidos.
Pero el dinero, proveniente de los ahorros de los trabajadores y del que depende el pago de las maltrechas pensiones de unos 24.000 jubilados de PDVSA, sigue sin llegar a Venezuela.
Yo no fuí
Cuando la SEC acusó en enero a Illarramendi de defraudar a los jubilados y a otros inversores, el asunto pilló desprevenida a la directiva de PDVSA, conformada por cercanos aliados del presidente venezolano y de su poderoso ministro de Energía y presidente de la estatal, Rafael Ramírez.
Eligiendo con cuidado cada una de sus palabras, la primera reacción de Ramírez fue desligarse del escándalo, recalcando que la compañía no tiene decisión sobre cómo se manejan y dónde se colocan los fondos de los jubilados.
“No podemos asumir responsabilidad por lo que haya hecho alguien que hubiese estado relacionado con nuestra industria petrolera”, dijo a mediados de febrero el imperturbable funcionario durante una interpelación ante el Parlamento sobre la gestión 2010.
Al ver al ministro tratar de salvar la cara ante el fraude, la indignación de los pensionados no se hizo esperar e incluso varios cientos de ex trabajadores de la compañía salieron a las calles a protestar por el fraude.
El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de PDVSA (AJIP), César Delgado, aseguró a Reuters que desde 1993 no intervienen en la gestión de su propio dinero, a pesar de que un representante debería acudir a las reuniones del fondo en calidad de observador.
Desde el 2002, PDVSA ni siquiera les envía los estados financieros del instrumento al que confiaron sus ahorros.
“No podemos creer que cuando se establecen los planes de inversión o se escogen los intermediarios financieros que los manejan, PDVSA esté ajena a los mismos “, protestó enérgicamente AJIP en una misiva enviada al ministro Ramírez el 22 de febrero.
Presionado por los jubilados, el sindicato y los medios de comunicación, Ramírez se mostró después más involucrado con el caso. En marzo dijo a Reuters que PDVSA cubriría las eventuales pérdidas del fondo y que participaría legalmente en la demanda interpuesta por la SEC contra MK Group.
“Por supuesto que vamos a respaldar a los trabajadores. No vamos a permitir que por esta estafa los obreros sufran”, dijo en esa oportunidad.
En julio, PDVSA incrementó el pago de las pensiones en 800 bolívares (unos 188 dólares al tipo de cambio oficial), o hasta en un tercio para los retirados que cobran el mínimo. Y el Gobierno adjudicó al fondo de pensiones casi la mitad de los 4.200 millones de dólares de una reciente emisión de bonos al 2031, lo que habría ayudado a sanear sus cuentas.
Llueve sobre mojado
En Venezuela, muchos ven a Illarramendi como un exponente más de la llamada “boliburguesía”, una nueva casta de empresarios que prosperó al calor de la bonanza petrolera de los últimos años causando no pocos escándalos de malversación en el país socio de la OPEP.
Desde que Chávez despidió a miles de trabajadores de PDVSA por participar en un feroz paro organizado por la oposición entre finales del 2002 y principios del 2003 para forzar la renuncia del mandatario, la compañía nunca pudo recuperar totalmente sus estándares de calidad y, además, perdió un valiosísimo capital humano.
Las denuncias y controversias han sido permanentes desde entonces en PDVSA, mayor y casi única fuente de divisas del país.
La adjudicación de opacos contratos de suministro, inyección de fondos a programas sociales gubernamentales con escaso o nulo control, cuestionadas cifras de producción y una seguidilla de incidentes operacionales -incluyendo constantes fallas en las refinerías, el hundimiento de una plataforma gasífera en el Mar Caribe e incendios en importantes terminales marítimos- han puesto en entredicho a la “nueva PDVSA”.
El caso más sonado fue el mediático “maleta-Gate”, protagonizado en 2007 por el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, quien fue detenido en un aeropuerto de Buenos Aires con un maletín con casi 800.000 dólares en efectivo, que fiscales estadounidenses afirman provenían de PDVSA para financiar la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández, una cercana aliada de Chávez.
Tanto la mandataria argentina como su homólogo venezolano negaron los cargos.
Pero el escándalo más doloroso para la popularidad del gobernante fue sin duda el hallazgo en varios puertos del país de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados para PDVAL, filial de distribución de alimentos de la petrolera, mientras los venezolanos hacían largas colas para conseguir productos básicos y sufrían una de las inflaciones más altas del planeta.
El caso sigue dejando una estela de bochornosas acusaciones para la empresa, desde el pago de sobreprecios hasta irregularidades en el manejo y la calidad de cientos de miles de toneladas de alimentos.
Para la oposición, que desde entonces se mofa de la subsidiaria alimentaria de PDVSA llamándola “Pudreval”, este es un claro ejemplo de impericia y del despilfarro de miles de millones de dólares.
Los responsables de la unidad alimentaria están envueltos en un juicio por negligencia y peculado, mientras que PDVSA recibió el escarnio público de tener que traspasar el control de una de sus joyas de la corona al Ministerio de Alimentación.
“El dinero danza como el diablo en Venezuela, sin control, sin contabilidad. Los que están bien conectados con el Gobierno parecen haber apartado a un lado su brújula moral (…) y la justicia venezolana no va a mover un dedo al respecto”, escribió en su blog Gustavo Coronel, ex director de PDVSA en la década de 1970 y representante venezolano en la organización Transparencia Internacional.
Pero para los defensores del mandatario, estos casos son insignificantes o responden a intenciones hostiles de “gobiernos imperialistas”, como su archienemigo Estados Unidos, que en los últimos años y con constantes diatribas políticas como telón de fondo han sacado a la luz escándalos de corrupción que involucran a venezolanos, desde funcionarios bancarios hasta empresarios que tienen negocios con el Gobierno.
.PNG)
